Publicado originalmente por Canary Media. Traducción por Maria Virginia Olano
Un edificio de color amarillo brillante con molduras verdes bulle con actividad en Caguas, una ciudad que se extiende sobre un valle montañoso al sur de San Juan, Puerto Rico. En una cocina espaciosa, los voluntarios cortan verduras y cocinan arroz para las comidas comunitarias. Al final del pasillo, los visitantes examinan estantes de frutas y verduras, frijoles enlatados, y aceite de cocina que se ofrecen gratuitos o con descuento. Afuera, debajo de un gran toldo de metal, los jubilados se sumergen en música relajante como parte de un taller para aliviar el estrés.
Los servicios comunitarios que se ofrecen aquí en el Centro de Apoyo Mutuo son posibles gracias a los 24 paneles solares instalados en la azotea. El edificio no utiliza electricidad de la red pública, pero tiene almacenadas dos baterías de iones de litio, las cuales permiten que el centro permanezca abierto y con energía en días nublados y por la noche.
Hace casi cinco años, después de que el huracán María devastara el territorio de EE. UU., casi destruyendo su sistema eléctrico, los residentes de Caguas recuperaron lo que había sido, durante décadas, una oficina abandonada del Seguro Social. Arrancaron la alfombra mohosa, fregaron las paredes y comenzaron a suplir alimentos y suministros a los vecinos.
“Era un espacio que no servía a la gente, y ahora la comunidad se ha apoderado de ello,” dice Marisel Robles, una de las organizadoras del centro, en un bochornoso día a principios de mayo, pocas semanas antes del inicio de la próxima temporada de huracanes en el Atlántico.
Robles me guía por una escalera de metal delgada apartando las ramas de los árboles con vainas de semillas marrones, hasta llegar a la azotea del edificio de una planta. Saúl González, un voluntario e instalador solar local, se une a nuestra expedición. Las tres filas de paneles solares forman un “mosaico” de diferentes marcas y modelos, todos donados por organizaciones sin ánimo de lucro, me explica González.
Con 6 kilovatios de capacidad solar y 30 kilovatios-hora de almacenamiento en baterías, el sistema normalmente puede satisfacer las necesidades del centro. De vez en cuando, los miembros apagan las luces y los ventiladores durante el día para ahorrar electricidad para una clase de baile por la noche. Aún así, Robles dice que es mejor que tener que usar generadores de diesel costosos y contaminantes o depender de la red eléctrica de la isla, que, a pesar de años de reparaciones, sigue siendo propensa a cortes de servicio, apagones generalizados y frecuentes aumentos de voltaje que fríen los electrodomésticos. A principios de abril, toda la isla se quedó sin energía eléctrica durante tres días después de que un viejo interruptor eléctrico se incendiara en la costa sur de la isla.
“Nosotros a cada rato escuchamos el ‘boom’ cuando se prendió una planta [de diesel], y así es como sabemos que se fue la luz al pueblo, porque aquí tenemos luz,” dice Robles, mirando por encima de los techos de los edificios vecinos. “Para nosotros eso es como una victoria cada día que pasa eso, porque sentimos que hicimos algo correcto.”
El Centro de Apoyo Mutuo no es único en su capacidad de producir su propia energía limpia. Cada vez más puertorriqueños están instalando paneles solares y baterías en sus hogares y negocios, hartos de la inestabilidad de la red eléctrica, las altas facturas de electricidad y la dependencia en combustibles fósiles de la empresa estatal de servicios públicos. A partir de enero de 2022, unos 42.000 sistemas solares de techo se inscribieron en el programa de medición neta de la isla, más de ocho veces el número a fines de 2016, el año anterior al huracán María, según datos de servicios públicos. Miles de sistemas más están en funcionamiento pero no se cuentan oficialmente porque, al igual que la unidad del centro, no están conectados a la red.
Encabezado en gran parte por residentes, dueños de negocios y filántropos, el movimiento solar de base que recorre la isla está sucediendo a pesar de la resistencia de la empresa de servicios públicos centralizada del territorio, que afirma que está trabajando para promover los objetivos de energía limpia de la isla, pero continúa invirtiendo en combustibles fósiles. Los proponentes de la energía solar dicen que, para que la tecnología llegue a la mayoría de los 3,2 millones de habitantes de Puerto Rico, el gobierno y su empresa de servicios públicos deberán participar más plenamente en lo que ha sido en gran medida una transformación energética de abajo hacia arriba. Con miles de millones de dólares federales de recuperación listos para ser invertidos en Puerto Rico, argumentan que ahora es el momento de políticas públicas e inversiones que cambien la isla de un modelo obsoleto de grandes plantas de energía remotas a uno que suministre electricidad limpia cerca de donde la gente lo necesita.
La vulnerabilidad del sistema centralizado de Puerto Rico se hizo dolorosamente evidente en septiembre de 2017, cuando la isla se vio afectada por dos desastres consecutivos.
El huracán Irma bordeó la isla el 7 de septiembre, dejando a más de un tercio de los hogares sin electricidad. Muchos residentes aún no habían recuperado la electricidad cuando, el 20 de septiembre, el huracán María tocó tierra. La tormenta avanzó en un camino diagonal de 100 millas de sureste a noroeste, derribando las líneas de transmisión eléctrica e inundando la infraestructura. María dañó, destruyó o puso en peligro el 80 por ciento de la red de la isla.
Sin electricidad, la vida diaria se detuvo. Las escuelas y los bancos cerraron, los alimentos de los supermercados se echaron a perder y los suministros de agua potable se redujeron inmensamente. Un estudio estimó que más de 4.600 personas murieron como resultado de la tormenta, incluídos quienes no pudieron operar sus máquinas de oxígeno, refrigerar medicamentos vitales como la insulina, o mantenerse lo suficientemente frescos en el calor sofocante. En algunos lugares, la energía no se restableció durante más de un año después del huracán.
Los postes de servicios públicos todavía están inclinados el 2 de octubre de 2017, más de una semana después de que el huracán María tocara tierra en Puerto Rico. (Ricardo Arduengo/AFP via Getty Images)
“A raíz de lo de María, la vida fue bien difícil. Fue como un nuevo comienzo para muchos de nosotros,” recuerda Atala Pérez, quien vive en Caguas y es voluntaria en el Centro de Apoyo Mutuo.
Pérez dice que estuvo más de seis meses sin electricidad en su casa. Sin ventilador ni aire acondicionado, pasó muchas noches inquietas bajo el calor agobiante, espantando mosquitos. Cansada de hacer filas durante hasta ocho horas para comprar una bolsa de hielo, se acostumbró a beber agua tibia del grifo. Todavía podía cocinar, pero no podía guardar ningún alimento en el refrigerador. “Yo no tenía ninguna planta ni ningún generador,” dice, de pie dentro del supermercado improvisado del edificio amarillo. “Simplemente estuve sin luz y tuve que adaptarme.”
La fuerza del huracán María habría golpeado cualquier red eléctrica. Pero el sistema eléctrico de Puerto Rico en particular no estaba preparado para los desastres que sucedieron.
Después de años de recesión económica, el gobierno de la isla había acumulado una deuda de $72 mil millones de dólares. La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), la empresa estatal de servicios públicos, se había declarado en bancarrota meses antes. La crisis económica agravó décadas de errores documentados, negligencia y prácticas desacertadas en la AEE. Con su fuerza laboral reducida a la mitad, la empresa de servicios públicos había retrasado mantenimientos de rutina. Las bodegas que deberían haber almacenado equipos de repuesto para emergencias estaban vacías.
Después de María, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) asignó $3,200 millones para restaurar la energía en la isla. Los equipos de servicios públicos trabajaron incansablemente para instalar torres de concreto donde los postes de madera se habían partido, y para tender cables donde los viejos cayeron enredados en el suelo. Sin embargo, los problemas que plagaron a Puerto Rico antes de las tormentas (mala administración, corrupción, la geografía desafiante de la isla) retrasaron y complicaron los esfuerzos de recuperación. Gran parte del trabajo desde María se ha centrado en resucitar y extender la vida útil de la red existente.
En 2020, Puerto Rico firmó un acuerdo de 15 años que transfirió el sistema de distribución y transmisión operado públicamente a Luma Energy, un consorcio privado de empresas canadienses y estadounidenses que ahora opera la red y se encarga de la reconstrucción. La AEE sigue a cargo de producir y adquirir electricidad.
En su último informe trimestral, Luma dijo que realizó mejoras significativas en los primeros tres meses de este año, reemplazando cientos de postes de servicios públicos viejos e inscribiendo a más de 21.000 clientes de energía solar en la medición neta, un programa en el que las empresas de servicios públicos pagan a los hogares con paneles solares por la electricidad renovable que sus paneles suministran a la red.
No obstante, el consorcio está enfrentando oposición generalizada por los residentes, quienes lo culpan por el aumento de las facturas de electricidad y los continuos cortes. En San Juan, miles de manifestantes han marchado frente a la sede de Luma y la mansión del gobernador con carteles que declaran “Fuera Luma”. Carteles similares están pegados en vallas publicitarias cerca de la oficina de Luma en Mayagüez, en la costa occidental de la isla.
Para muchos puertorriqueños, los sistemas solares en los techos ofrecen una salida a un ciclo interminable de interrupciones y decepciones. Los expertos en energía estiman que cada mes se conectan miles de proyectos solares nuevos. En enero, los hogares en particular habían instalado al menos 225 megavatios de capacidad solar combinada, lo que equivale a alrededor del 5,5 por ciento de la demanda total de electricidad residencial, según un informe reciente.
“La transformación está ocurriendo a una escala que es muy satisfactorio de ver”, dice Arturo Massol Deyá, profesor de la Universidad de Puerto Rico, coautor del informe y director ejecutivo de Casa Pueblo, una organización comunitaria que ayuda a las personas a acceder a la energía solar.
“A esto lo llamamos una insurrección energética”, agrega. “Aunque en California y otros estados hay incentivos para ayudar a la gente [a pasarse a la energía solar], en Puerto Rico no los tenemos. Y, sin embargo, la gente lo está haciendo porque estamos enfrentando el cambio climático de una manera real, y estamos enfrentando una utilidad en la cual no podemos contar”.
Uno de los ejemplos más llamativos de la transformación de abajo hacia arriba del paisaje energético de Puerto Rico se encuentra en Adjuntas, un pueblo tranquilo en lo alto de la cordillera central de la isla. En un majestuoso edificio rosa cerca de la plaza principal está Casa Pueblo. La organización instaló paneles solares en su techo en 1999 y ahora está encabezando una iniciativa solar a escala comunitaria, la primera en su tipo.
Más de una docena de negocios cerca de la plaza repleta de palmeras colocaron paneles solares en sus techos el año pasado, con una capacidad total de unos 200 kilovatios. Este agosto también instalarán 1 megavatio-hora de almacenamiento en baterías. Los participantes compartirán la electricidad solar que producen y podrán extraer de las baterías interconectadas, que unen las instalaciones como una mini planta eléctrica.
Gustavo Irizarry, el propietario de Lucy's Pizza, se desliza hacia una cabina de comedor amarilla en una noche fresca y tranquila hace poco. La humilde pizzería abraza una esquina de la plaza principal, y sus paneles solares en la azotea son visibles desde la acera.
Cuando no está a cargo de la tienda o transportando pizzas por caminos empinados, Irizarry dirige la Asociación Comunitaria de Energía Solar Adjunteña. El grupo, en cierto sentido, actúa como una pequeña utilidad. Las empresas participantes pagan una tarifa mensual fija por la electricidad solar que consumen. La asociación utiliza ese dinero para cubrir los costos de operación y mantenimiento del proyecto, y también para ayudar a familias de bajos ingresos y tiendas rurales a instalar sus propios sistemas de energía solar y baterías.
“La parte más difícil es explicar esta filosofía a compañeros de la comunidad comercial que compiten entre ellos, o que ya van a retirarse en algunos años”, dice Irizarry, quien, a sus 39 años, es el miembro más joven de la asociación. “Mi rol es convencerles que lo que estamos haciendo dentro de este programa es para que dure más el planeta y dure más nuestra gente”.
Lucy's Pizza sirvió como refugio durante el huracán María, cuando deslizamientos de tierra masivos enterraron carreteras y complicaron los esfuerzos de socorro en Adjuntas. Durante semanas, fue el único lugar en la ciudad aislada de 18.000 habitantes donde los residentes podían disfrutar de una comida caliente o cargar dispositivos electrónicos. Irizarry dice que la pizzería gastó alrededor de $17.000 durante ese período solo para llenar sus generadores con combustible diesel, que era difícil de encontrar en la isla por su suministro limitado.
El sistema solar a escala comunitaria podría permitir a las empresas mantener sus luces encendidas durante al menos una semana si la red eléctrica vuelve a fallar. “Nuestra misión es atender necesidades básicas durante una emergencia, para que la gente pueda venir a conseguir comida, hielo, cargar celulares, sus dispositivos médicos, y para que tengan acceso a internet”, explica Irizarry mientras los clientes hambrientos pasan a nuestro lado. Un cajero grita nombres en el altavoz, deslizando cajas calientes de comida para llevar sobre el mostrador.
El operador de la red Luma Energy no está involucrado en el proyecto pero tampoco ha interferido, dicen los participantes. Sin embargo, muchos otros socios están contribuyendo al esfuerzo. La Fundación Honnold, con sede en EE. UU., lideró una inversión de $1.7 millones en el proyecto, incluyendo paneles y baterías donados, trabajos de contratación eléctrica y soporte técnico, dice Cynthia Arellano, gerente de proyectos de la fundación para la iniciativa Adjuntas.
Ingenieros de la Universidad de Puerto Rico y del Departamento de Energía de los EE. UU. están ayudando a afinar los programas de software y los controles electrónicos que harán el trabajo invisible de administrar los flujos de electricidad entre las empresas. Expertos de ambas instituciones están estudiando el proyecto de cerca para ver cómo se puede replicar el sistema en otras ciudades y regiones de la isla.
“Si comienzas a compartir energía entre todos tus vecinos, puedes crear este tipo de soluciones y fortalecerse contra el próximo huracán”, dice Fabio Andrade, profesor asociado del recinto de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.
Andrade dirige el Laboratorio de Microrredes de la universidad, el cual, junto con la iniciativa Adjuntas, está ayudando a desarrollar dos proyectos de microrredes más pequeños en las comunidades de Maricao y Castañer. Si bien el término "microrred" a menudo se usa ampliamente para describir cualquier sistema eléctrico a pequeña escala con almacenamiento, como paneles solares y baterías, el concepto se refiere con mayor precisión a un grupo de sistemas interconectados, dice. Juntos, estos sistemas pueden conectarse a la red, suministrar electricidad y también usar la energía de la red cuando funciona bien. De manera crucial, las microrredes pueden desconectarse y operar de manera independiente cuando hay interrupciones.
Desde María, investigadores y legisladores en Puerto Rico y los EE. UU. han propuesto la construcción de microrredes resistentes en toda la isla para respaldar, o potencialmente incluso suplantar, el sistema eléctrico centralizado. En una habitación dentro de un edificio verde descolorido de la era de la Guerra Fría, Andrade y los estudiantes experimentan con diferentes escenarios de microrredes. Reproducen el flujo de energía de las turbinas eólicas, los paneles solares, las baterías de los automóviles eléctricos y la red principal y analizan cómo las microrredes pueden responder a niveles de voltaje crecientes, frecuencias erráticas o suministros de energía que se reducen o aumentan.
“Necesitamos entender cómo funciona todo esto”, dice Andrade, y agrega que su investigación se basa en su propia experiencia de vivir sin electricidad durante tres meses después del huracán María.
“Las microrredes pueden brindar la electricidad mínima que necesitamos para sobrevivir”, dice.
El gobierno de Puerto Rico ha tomado algunas medidas para ayudar a hacer realidad esta visión de energía más limpia y resistente. El Negociado de Energía de Puerto Rico, que regula el sistema de energía de la isla, adoptó nuevas reglas recientemente que permiten que las microrredes se conecten a la red principal. Otras reformas también han facilitado el acceso a las personas a inscribir sus sistemas solares de techo en la medición neta.
Sin embargo, la isla tiene mucho más trabajo por hacer para lograr su mandato de energía 100 por ciento renovable en el 2050, que la oficina del gobernador estableció en 2019. Actualmente, sólo alrededor del 5 por ciento de la electricidad de la isla proviene de fuentes renovables. El petróleo es la fuente de combustible más grande de la red y representó el 48 por ciento de la generación de electricidad en Abril. La dependencia en diesel importado ha causado un aumento en las facturas de electricidad en los últimos meses a medida que suben los precios mundiales del petróleo. Esta fuente, junto con las plantas de gas y carbón, continúa emitiendo gases de efecto invernadero y contaminando el aire en las comunidades.
En marzo, después de largas demoras, los reguladores aprobaron condicionalmente proyectos de 884 megavatios de energía renovable a gran escala, lo que debería aumentar la fracción total de energía renovable en la red al 23 por ciento para fines de 2024. Los funcionarios han dicho que están trabajando para acelerar los tediosos procesos de permisos para cumplir con la meta a corto plazo de un 40 por ciento de energías renovables en el 2025.
Sin embargo, al mismo tiempo, Puerto Rico está ampliando sus inversiones en infraestructura de combustibles fósiles.
En 2019, la AEE otorgó a la empresa estadounidense New Fortress Energy un contrato de $1.500 millones para convertir dos unidades de plantas a base de petróleo a gas natural. El acuerdo también incluyó la construcción de una terminal de importación de gas natural licuado, que comenzó a operar en el puerto de San Juan en 2020, antes de que la Comisión Federal Reguladora de Energía de EE. UU. autorizara el proyecto. El año pasado, la comisión ordenó a New Fortress que solicitara un permiso de manera retroactiva, aunque la compañía de gas está presionando en los tribunales.
Los funcionarios puertorriqueños han dicho que convertir las plantas de San Juan a gas natural proporciona un combustible más limpio y económico para la red. Los expertos en energía y los ambientalistas que se oponen al contrato dicen que invertir en nueva infraestructura de combustibles fósiles solo resta valor a los objetivos del gobierno para reducir las emisiones y mejorar la resiliencia.
“Estamos en una crisis climática que cada día va creciendo”, dice Daniel Muñoz, propietario de una casa en University Gardens, un vecindario tranquilo de casas de un piso en San Juan. “Nuestra generación, debemos tomar el cambio ya [a la energía renovable], porque si no la crisis en el futuro va a ser un desastre total”.
El año pasado, Muñoz se unió a 21 de sus vecinos para colocar paneles solares y baterías en sus casas. Los sistemas no están unidos como una microrred, pero, al negociar en grupo, los vecinos obtuvieron un descuento de aproximadamente el 20 por ciento con un instalador solar local, ahorrando miles de dólares en el costo de cada instalación.
Muñoz y su vecino, Víctor Santana, me llevan a la azotea de Santana para ver los 26 paneles solares azules instalados allí. Santana dirige la asociación del vecindario y ayudó a organizar el esfuerzo solar colectivo. Dice que pagó $27.000 por los paneles solares y dos baterías de iones de litio, que pueden cubrir todas las necesidades energéticas de su hogar.
El proyecto University Gardens es el primero de su tipo en Puerto Rico, aunque cientos de comunidades en los EE. UU. han negociado descuentos similares en compras al por mayor con la ayuda de la organización sin ánimo de lucro, Solar United Neighbors. La organización, con sede en Washington, D.C., se asoció recientemente con CAMBIO, un grupo ambiental en San Juan, para guiar a Santana, Muñoz y sus vecinos a través del proceso de instalar energía solar.
“Queríamos ayudar a mejorar el medio ambiente y también hacer que nuestra comunidad fuera un poco más resistente”, me dice Santana en medio de los sonidos de las cotorras en un árbol cercano. Hasta ahora, su instalación solar lo ha librado de dos apagones importantes: el apagón en toda la isla en abril y otra interrupción que arrasó San Juan el año pasado después de que estallara un incendio en la subestación Monacillos de la ciudad.
Ahora, los propietarios dicen que quieren ayudar a organizar una segunda ronda de compra solar colectiva para otros vecinos, en particular para los residentes mayores jubilados que viven con ingresos fijos y se enfrentan al aumento de las facturas de electricidad.
En Puerto Rico, alrededor del 43 por ciento de las personas viven en pobreza, según la Oficina del Censo de EE. UU. La pandemia de covid-19, además, ha exacerbado el desempleo en la economía dependiente del turismo. En ausencia de una política pública sólida que facilite el acceso a la energía limpia y asequible, grupos como los vecinos de University Garden están trabajando para compartir sus recursos con los residentes que de otro modo no podrían permitirse instalar sus propios sistemas solares en los techos.
“En este momento, solo las personas y las industrias con recursos pueden obtener su propia generación localizada, y la mayoría de las personas no pueden”, dice Ruth Santiago, abogada ambiental que vive en la ciudad de Guayama, en la costa sur, y que trabaja en el Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca. “Este es en gran medida un problema de justicia social y equidad”.
El acceso a la energía no se trata sólo de permitir que las personas produzcan energía en su hogar. También se trata de mejorar la resiliencia de los servicios esenciales, especialmente frente al empeoramiento de los impactos del cambio climático.
El sargento Luis Saez dirige el departamento de bomberos en Guánica, una ciudad bañada por el sol cerca de las aguas turquesas de la costa suroeste de Puerto Rico. Los bomberos atienden al municipio de unas 16.000 personas y responden a las llamadas en las playas llenas de turistas y en el bosque seco, donde estallan miles de incendios cada año. La estación de Guánica también conecta unidades remotas en pueblos con estaciones urbanas más grandes con más camiones y bomberos.
“Todo nuestro sistema de despacho de computadoras, sistema telefónico, comunicaciones por radio, todo eso necesita energía”, dice Saez. “Si no tenemos comunicaciones, no podemos hacer nuestro trabajo”.
El sargento entra al garaje donde, junto al gran camión de bomberos rojo, hay cuatro Tesla Powerwall pegados a la pared. Las baterías de iones de litio almacenan la electricidad de los 52 paneles solares esparcidos por la azotea del edificio. Si hay un día nublado o si falla la red, los sistemas esenciales de la estación pueden seguir funcionando solo con la energía de las baterías durante aproximadamente una semana, dice el sargento.
Los bomberos no pudieron recibir llamadas inmediatamente después del huracán María, por lo que tuvieron que patrullar el área buscando donde había emergencias, o esperar a que la gente llegara a la estación. Algo similar ocurrió en enero de 2020, después de que una serie de terremotos dejó a los puertorriqueños a oscuras durante días. Guánica estuvo cerca del epicentro de uno de ellos: un terremoto de magnitud 6,4 que dañó gravemente la planta de energía más grande de Puerto Rico, una instalación que quema petróleo y gas.
“No había electricidad, así que no sabíamos a dónde ir”, recuerda Sáez. Frente a la estación de bomberos se puede ver una colina boscosa con una cicatriz profunda, desde donde se derrumbó un trozo de tierra. “Comenzamos a ver dónde gritaba la gente y dónde nos necesitaban. Ese fue un muy mal momento”.
El sistema de batería y energía solar de la estación de Guánica reemplaza los pocos generadores diesel pequeños que los bomberos usaban anteriormente en emergencias. Solar Responders, una organización sin ánimo de lucro, ayudó a instalar y mantener el sistema con una subvención de $277.000 de AbbVie, un fabricante de productos farmacéuticos en Puerto Rico. Otras quince estaciones de bomberos tienen sistemas similares, aunque la organización tiene como objetivo colocar paneles solares y baterías en las 96 estaciones de la isla, dice Hunter Johannson, fundador y director ejecutivo de Solar Responders.
No hay duda de que el movimiento solar en Puerto Rico está permitiendo que muchas casas e instalaciones eviten apagones persistentes y se vuelvan más resistentes frente a los desastres. Pero los defensores de la energía solar enfatizan que el enfoque actual no es suficiente para enfrentar los desafíos energéticos de la isla.
“La gente ahora está votando con los pies, por así decirlo”, dice Agustín Irizarry, profesor de la Universidad de Puerto Rico que trabaja con el Laboratorio de Microrredes en Mayagüez (no tiene relación con Gustavo Irizarry de Lucy’s Pizza).
“Están instalando los sistemas ellos mismos. Y eso es un problema”, dice el profesor. “Si hacemos esto colectivamente, invirtiendo fondos públicos de manera inteligente, será más barato para todos. Y la gente de bajos recursos también tendría acceso”.
A principios de este año, la administración del presidente Biden llegó a un acuerdo con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi (D), para destinar $12 mil millones en fondos federales de recuperación para ayudar a modernizar la red eléctrica y avanzar hacia la energía renovable, en línea con las metas del territorio de obtener 100 por ciento de energías renovables en el 2050.
Para Irizarry y otros expertos, el financiamiento federal representa una encrucijada para el futuro energético de Puerto Rico. Tal como lo ven, si la mayoría de esos dólares se gastan en resucitar torres de transmisión y construir más plantas remotas de energía, incluso las que funcionan con fuentes renovables, la isla habrá perdido la oportunidad de crear un sistema más ágil, dominado por la generación local y distribuída de energía.
Santiago, la abogada ambientalista, argumenta que la empresa de servicios públicos AEE debería usar gran parte de esos $12 mil millones para instalar paneles solares y sistemas de almacenamiento en edificios. La empresa de servicios públicos seguiría cobrando a los clientes por la electricidad que consumen, pero la energía provendría de sistemas distribuidos en lugar de plantas de combustibles fósiles. La idea es que “las personas continúen pagando sus facturas, pero tengan acceso a energía renovable resiliente, ubicada localmente que no dependa de la transmisión”, dice. “Esa es la única forma en que la mayoría de las personas de bajos y medios ingresos tendrán acceso a estos sistemas”.
Mayor participación de alto nivel en el desarrollo solar local también permitiría a los planificadores de servicios públicos, los reguladores y las comunidades instalar sistemas de manera más estratégica, creando microrredes interconectadas en vecindarios o regiones enteras, en lugar de solo edificios individuales. “Si se coordina desde el principio y todos los equipos pueden comunicarse entre sí, se requiere menos inversión”, dice Irizarry.
Sin embargo, hasta que eso suceda, grupos como la asociación empresarial Adjuntas y los vecinos de University Garden deben crear soluciones ad hoc que amplíen el acceso a la energía limpia a quienes no pueden pagarla.
De vuelta en Caguas, el Centro de Apoyo Mutuo ya está suministrando energía solar a su vecino. De pie en la azotea del edificio amarillo, Marisel Robles y Saúl González señalan un pequeño museo cultural al otro lado de un patio común. Los paneles solares del centro pueden conectarse por cable al museo, manteniendo sus luces encendidas siempre y cuando el centro produzca más electricidad de la que necesita.
“En Puerto Rico, ahora el modelo para movernos a la energía renovable es sálvese quien pueda y sálvese quien tenga los recursos”, dice González. “Vamos a ver cómo podemos ir cambiando la situación”.
