Este texto traducido por Sonia Ramirez. Read this story in English.
Esta historia es parte de una colaboración entre Grist y WABE para desmitificar a la Comisión de Servicios Públicos de Georgia, la pequeña pero poderosa junta electa por el estado que toma decisiones críticas sobre todo, desde aumentar las facturas de electricidad hasta desarrollar energía renovable.
Un martes por la mañana en enero, la estudiante universitaria Aurora Gray subió al podio en una habitación sin ventanas en Atlanta, a la vuelta de la esquina del edificio del capitolio estatal. Frente a ella se sentó un panel de cinco funcionarios electos que supervisa cómo y dónde obtienen su energía casi todos los residentes de Georgia.
“La generación de energía… el uso de combustibles fósiles se ha convertido en una amenaza existencial para nuestra seguridad debido a los indiscutibles impactos de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro planeta”, le dijo Gray a la comisión. “Debemos actuar ahora, ya que después será muy tarde”.
Más de una docena de otros estudiantes se sentó detrás de ella, esperando sus tres minutos asignados frente a la Comisión de Servicios Públicos de Georgia, o PSC. Uno tras otro, pidieron a la comisión que rechazara una solicitud de Georgia Power, la empresa de servicios públicos más grande del estado, para agregar una nueva capacidad de gas natural a la red. En cambio, repitieron en el podio, la compañía necesita expandir las energías renovables y tomar otras medidas para combatir el cambio climático.
“Pueden ayudar a que Georgia Power tome las acciones correctas en el plazo esencial”, dijo Evelyn Ford, estudiante del último año de high school, y la última en hablar durante el curso de dos días. “De hecho, ustedes son las únicas cinco personas en Georgia que pueden hacerlo”.
Ford tiene sustancialmente la razón. Aunque la legislatura estatal de Georgia puede aprobar leyes sobre energía limpia y el gobernador puede emitir órdenes ejecutivas sobre acción climática, la Comisión de Servicios Públicos es el único organismo gubernamental con autoridad directa para regular todo lo que hace Georgia Power. El panel establece las tarifas que la gente paga por electricidad y aprueba los planes de la empresa de servicios públicos para producir o comprar esa energía y entregarla a los consumidores. De acuerdo con el propio sitio web de la comisión, “Muy pocas agencias gubernamentales tienen tanto impacto en las vidas de las personas como la PSC”.
Existe un pequeño panel de reguladores en cada estado que posee un poder similar sobre la generación de energía y, por extensión, sobre un enorme segmento de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados Unidos que están calentando al planeta. Al fijar los precios de la electricidad, también tienen un impacto sustancial en la mayoría de las vidas y los bolsillos de las personas. Sin embargo, en Georgia y en otros lugares, estos grupos –conocidos como servicios públicos o comisiones de servicios públicos – reciben poca atención o escrutinio fuera de los círculos de expertos en energía. Sus audiencias y documentos tienden a ser largos y están plagados de jerga, y son cubiertos en los medios de comunicación por un pequeño grupo de periodistas especializados, lo que dificulta que se participe en el proceso.
Este año, Grist y WABE tratarán de desmitificar la regulación de la energía en Georgia y más allá. Les presentaremos historias no solo sobre cómo se genera su energía, sino sobre cómo se toman esas decisiones –y cómo pueden involucrarse los residentes que votan y pagan sus facturas de electricidad.
Cómo toma decisiones la PSC Georgia
La Comisión de Servicios Públicos de Georgia se estableció en 1879, primero como un organismo gubernamental para regular los ferrocarriles y luego se expandió para atender los servicios que surgían en un estado cada vez más electrificado y conectado. Hoy, la PSC supervisa a las empresas de servicios públicos propiedad de inversionistas, así como las tuberías de gas natural y las telecomunicaciones.
Georgia tiene 42 cooperativas propiedad de sus miembros y 52 municipios que brindan servicio eléctrico a sus residentes. Pero Georgia Power es, por mucho, el proveedor eléctrico más grande del estado, prestando servicio a 2.7 millones de clientes, desde la frontera de Tennessee hasta las islas costeras. También es la única empresa de servicios de electricidad propiedad de inversionistas en Georgia, lo que significa que es la única compañía de energía cuyas tarifas y operaciones supervisa directamente la PSC. Para la mayoría de los clientes de Georgia Power, esa es la única opción para comprar electricidad.
En el centro de la supervisión que recibe Georgia Power por parte de la comisión se encuentran dos procesos principales de toma de decisiones: el plan de recursos integrados y el caso de tarifa general.
Cada tres años, la empresa de servicios públicos actualiza su plan de 20 años para producir y entregar electricidad, el IRP (Integrated Resource Plan). Esto implica calcular cuánta energía necesitarán los habitantes de Georgia y establecer qué combinación de recursos –plantas de carbón y gas, energía nuclear, campos solares, centrales hidroeléctricas y acuerdos de compra con otras empresas de servicios públicos— utilizará Georgia Power para satisfacer esa demanda. También evalúa las actualizaciones y mantenimiento previstos del sistema de líneas de transmisión, transformadores y otra infraestructura de la empresa que suministre energía.
En 2022, la última vez que la PSC aprobó un IRP, Georgia Power todavía obtenía su energía principalmente de combustibles fósiles: 48 por ciento de gas natural y petróleo, 15 por ciento de carbón. La energía nuclear representó otro 23 por ciento, un 7 por ciento provino de energías renovables –principalmente solar– y 2 por ciento, de la energía hidroeléctrica.
El caso de tarifa general determina cuánto pagan los clientes de Georgia Power por esta electricidad. Además del costo base de la energía, la compañía tiene permitido transferir a los consumidores el costo de construcción y mantenimiento de la infraestructura aprobada en el IRP, siempre y cuando la PSC lo apruebe. Durante la construcción de nuevos reactores nucleares en la Planta Vogtle, por ejemplo, los consumidores han pagado cada mes una tarifa adicional de hasta el 10 por ciento, entre $3.88 a $7.97 por un cliente promedio, para cubrir los costos de financiamiento del proyecto.
Como empresa propiedad de inversionistas, Georgia Power también busca obtener ganancias; la comisión decide cuánto puede obtener fijando en el caso de tarifa general una cifra llamada “rendimiento sobre capital”.
El último punto suele ser particularmente polémico. La comisión, según su propia descripción, “debe equilibrar las necesidades de los ciudadanos de Georgia de contar con servicios confiables y tarifas razonables con la necesidad de que las empresas de servicios públicos obtengan un retorno razonable de la inversión”.
Pero las ganancias de la compañía irritan a muchos georgianos que enfrentan un alto impacto energético, lo que significa que gastan una alta proporción de sus ingresos en energía. Atlanta ocupa el cuarto lugar en el país por su impacto energético promedio, y el tercero en impacto energético entre los hogares de bajos ingresos.
“Díganles que obtienen suficientes ganancias”, pidió a la comisión el ex senador estatal demócrata Vincent Fort durante el último caso de tarifa general de Georgia Power. “Díganles que ustedes están defendiendo a la gente común y corriente”.
Existen muchas oportunidades para hacer aportes antes de que la Comisión de Servicios Públicos decida sobre los IRP y la tarifa general. Junto con los voceros públicos como Fort y el grupo de estudiantes del mes pasado, un subconjunto de empleados de la PSC, conocido como el personal de Defensa del Interés Público, protegen los intereses de los contribuyentes en las audiencias. Otras organizaciones, incluidos grupos de defensa ambiental y del consumidor, importantes compradores de electricidad, y ciudades, también pueden participar en las audiencias. Estas partes interesadas y el personal de Defensa del Interés Público presentan testimonios de expertos e interrogan a los testigos de los demás, así como a los representantes de Georgia Power.
A menudo, el personal de la Defensa del Interés Público llega a un acuerdo con Georgia Power que resuelve la mayoría de los asuntos en un procedimiento de IRP o caso de tarifa general. Pero la decisión final recae en los cinco comisionados, quienes puede aprobar o rechazar un acuerdo y modificarlo antes de votar.
Cómo se relacionan las decisiones de la PSC de Georgia con el cambio climático
La PSC tiene la autoridad para modificar las propuestas de negocio de Georgia Power y dictaminar su mix energético –controlando así significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero del estado. De hecho, ya lo han hecho. En 2011, el comisionado Bubba McDonald añadió 50 megawatts de energía solar a la mezcla de generación de Georgia Power. Cuando en 2013 la empresa de servicios públicos actualizó su plan de generación de energía a largo plazo, conocido como plan integrado de recursos, o IRP (por sus siglas en inglés), la comisión duplicó con creces la capacidad solar que solicitó Georgia Power. En IRPs subsecuentes, que ocurren cada tres años, la comisión continuó solicitando más energía solar de la que la compañía propuso. Para 2023, el estado se ubicó en la séptima posición del país en energía solar. Las emisiones de Georgia disminuyeron un 5 por ciento de 2017 a 2021, y la generación de energía quedó por debajo del transporte como fuente principal de emisiones. Los investigadores atribuyen el cambio principalmente al crecimiento solar que ordenó la comisión.
Pero la PSC también ha apoyado y prolongado la generación de energía con combustibles fósiles en Georgia. En el más reciente IRP de la empresa de servicios públicos, en 2022, la comisión aprobó seis acuerdos para la compra de energía de gas natural durante más de una década futura, a pesar de las objeciones de los defensores del consumidor y de la energía limpia. La empresa también intentó cerrar varias plantas de carbón en su último plan a largo plazo, el IRP de 2022, señalando que pronto su funcionamiento ya no sería económico –pero la PSC pospuso la decisión sobre una de ellas, lo que significa que la instalación seguirá quemando carbón en el futuro previsible.
Cómo se elige a la PSC
Cinco miembros electos forman parte de la Comisión de Servicios Públicos de Georgia. Cada miembro representa a un distrito, en donde se requiere que vivan, pero las elecciones para dichas posiciones se realizan en todo el estado.
Si bien algunas oficinas municipales tienen disposiciones similares, este es un sistema inusual a nivel estatal. Los legisladores de Georgia lo idearon a finales de la década de los 90, con la idea, según sus arquitectos, de que reflejara el singular trabajo de la comisión que regula una industria estatal que tiene impactos locales. El expresidente de la Cámara de Representantes de Georgia, Terry Coleman, le dijo a WABE que los legisladores querían descifrar “cómo podríamos asegurarnos de que los lugares fuera de las áreas metropolitanas tuvieran representación”.
Pero los activistas ambientales y por los derechos civiles sostienen que, debido a que los comisionados son elegidos en una votación estatal, realmente no representan a la gente de sus distritos. El comisionado del Distrito 3, que cubre el área metropolitana de Atlanta, por ejemplo, es elegido no solo por los residentes de Atlanta, sino por votantes de las zonas rurales de Georgia del Sur y las montañas de Georgia del Norte – áreas con demografías, políticas y necesidades muy diferentes. Una demanda reciente presentada por un grupo de votantes negros en Atlanta halló que este sistema viola la Ley del Derecho al Voto al diluir sus votos, impidiéndoles incluir al candidato de su elección en la comisión.
“La representación importa”, le dijo a WABE la demandante Brionté McCorkle, directora ejecutiva del grupo Georgia Conservation Voters. “Lo más importante es tener al menos una persona en la comisión que represente las necesidades únicas y particulares de tu distrito”.
La oficina del Secretario de Estado de Georgia argumentó durante la demanda que la ventaja que crea el sistema de votación de la PSC es política, no racial. Esta es una distinción clave, porque mientras la Ley del Derecho al Voto prohíbe la manipulación racial, la Corte Suprema ha apoyado que los sistemas electorales que favorecen a un partido político estén permitidos.
Todos los comisionados actuales son republicanos. La mayoría sigue apoyando el gas natural –formando parte de juntas directivas de la industria del gas o promoviéndolo en la prensa. En un estado donde un tercio de los residentes son negros, solo dos comisionados negros han formado parte de la comisión durante sus 145 años de historia, ambos designados para cubrir vacantes. Cuatro de los cinco comisionados actuales fueron inicialmente designados para ocupar vacantes antes de postularse para la reelección como titulares.
Poniéndose del lado de los demandantes en 2022, un juez federal bloqueó las elecciones de este año para dos escaños en la comisión y ordenó que se rediseñara el sistema. Pero el Tribunal de Apelaciones para el 11º Circuito de Estados Unidos revocó esa decisión el año pasado. Aún no se ha presentado una nueva apelación, pero los demandantes han dicho que están explorando opciones.
Mientras tanto, los comisionados que contendieron por la reelección en 2022, Tim Echols y Fitz Johnson, siguen con un puesto y votando en la comisión. Otra comisionada, Tricia Pridemore, se enfrentará a la reelección este año. Pero ninguna de esas contiendas está programada para 2024, pues el caso electoral está en el limbo.
Cómo funcionan otros reguladores estatales de energía
Si bien esas normas y procedimientos son específicos para Georgia, algunas versiones de ellos aplican en todo el país.
Cada estado tiene un servicio público o una comisión de servicios públicos que controla la electricidad. En 10 estados, los reguladores de las empresas de servicios públicos se eligen directamente por votación. En los 40 restantes, son nombrados por otros funcionarios electos, como el gobernador o la legislatura estatal. Muchos estados, pero no todos, demandan que sus empresas de servicios públicos presenten los IRPs que predicen la demanda futura de energía y planifican cómo hará la compañía para satisfacer esa necesidad.
Lo que es común a nivel nacional es que el futuro de la energía limpia depende de las decisiones de estas comisiones de servicios públicos. Las ciudades, estados y compañías pueden decidir reducir emisiones, pero si compran energía de una empresa de servicios públicos regulada, en última instancia no tienen control sobre cómo se genera su energía; los reguladores, sí. Incluso el Departamento de Defensa, con su presupuesto de $800 mil millones, está sujeto a las decisiones de estas comisiones.
Los objetivos de las empresas de servicios públicos en materia de cambio climático también dependen de estas comisiones. Southern Company, la empresa matriz de Georgia Power, ha anunciado planes para cerrar la mayoría de sus plantas de carbón, pero ese plan solo puede prosperar si se aprueba por los comisionados de servicios públicos. De manera similar, los reguladores aprueban o rechazan planes para construir campos solares y eólicos, plantas nucleares e instalaciones de almacenamiento de baterías. Elegir por votación o nombrar a comisionados que no priorizan la energía limpia y los objetivos climáticos establecidos por las compañías o los gobiernos alberga pocas posibilidades de tener éxito.
Mientras los estadounidenses preocupados por el cambio climático, la justicia ambiental y la asequibilidad de la energía buscan maneras de lograr un impacto, los reguladores de las empresas de servicios públicos a menudo pasan desapercibidos como poderosos tomadores de decisiones que podrían cambiar el curso de las emisiones de EE.UU. –si es que deciden actuar.
Los informes de Grist y WABE durante el próximo año tienen como objetivo examinar a estas comisiones y su enorme papel en las políticas climáticas y de los hogares estadounidenses. Para garantizar que nuestras historias lleguen e involucren a los residentes que enfrentan las mayores barreras para tener acceso a información precisa y consistente, estamos organizando talleres con socios comunitarios, creando recursos imprimibles y lanzando un programa de capacitación pagada en periodismo.
Nota de redacción: Esta nota identificó erróneamente el Tribunal de Apelaciones para el 12vo. Circuito de Estados Unidos como la corte que revirtió la decisión federal. Fue el 11º.
