La gente que alimenta a Estados Unidos está pasando hambre

Esta historia fue producida por Grist y copublicada con Modern Farmer. Read this in English.

Inmersa en una llanura esmeralda, con una hilera de árboles que ofrecen un respiro del calor sofocante, Rosa Morales reubica diligentemente chipilín, una leguminosa centroamericana, de un lecho de tierra a otro. La mujer de 34 años ha estado viniendo al Campesinos’ Garden, administrado por la Farmworker Association of Florida, en Apopka, durante los últimos seis meses, y llevándose a casa un poco de producto cada vez que viene. La pequeña parcela que incluye un campo de fútbol y un centro comunitario es una fuente cada vez más vital de comida para alimentar a su familia. 

También la hace pensar en Guatemala, en donde creció rodeada de plantas. “Me recuerda cuando trabaja la tierra allá,” dijo Morales.

Cuidar del pacífico huerto comunitario dista mucho de la cosecha que hace Morales para ganarse la vida. Desde que se mudó a los Estados Unidos hace 16 años, Morales ha sido trabajadora agrícola en granjas y viveros locales. Acepta trabajos estacionales que le permiten la flexibilidad y los ingresos para cuidar a sus cinco hijos, cuyas edades van de los 18 meses a los 15 años.

Este año, recogió arándanos hasta que la temporada terminó en mayo, ganando $1 por cada libra que reunió. En un buen día, ganaba alrededor de dos tercios de los $12 que representan el salario mínimo por hora del estado. Para ello, Morales trabajó duro bajo un calor brutal, con poca protección del sol, pesticidas o herbicidas. Con escasa agua disponible, el riesgo de deshidratación o un golpe de calor nunca estuvo lejos de su mente. Pero este es el tipo de cosas que debe soportar para asegurarse de que su familia esté alimentada. “Realmente no tengo muchas opciones,” señaló.

Ahora, está lidiando con el alza de los precios de los alimentos, un agobio que no se mitiga con las redes de seguridad estatales o federales. Su esposo trabaja como techador, pero a medida que el cambio climático disminuye el rendimiento de los cultivos e intensifica el clima extremo, ha habido menos trabajo para ambos. Han batallado para cubrir el alquiler, así como la creciente factura de comestibles de la familia. “Es difícil”, reveló Morales. “Hace mucho, mucho calor… el calor está aumentando, pero los salarios no.” El Campesinos’ Garden ayuda a cerrar la brecha entre su salario y el costo de los alimentos.

Su historia saca a relucir una escondida pero creciente crisis: las mismas personas que garantizan que el resto del país tenga alimentos para comer está pasando hambre. Aunque nadie puede decir con certeza cuántos trabajadores agrícolas sufren inseguridad alimentaria (estudios locales sugieren que oscila entre el 52 y el 82 por ciento), los defensores de este problema están seguros de que el número está a la alza, impulsado en gran parte por el cambio climático.

Los aproximadamente 2.4 millones de trabajadores agrícolas que son la columna vertebral de la industria agrícola estadounidense perciben uno de los salarios más bajos del país. El promedio de los hogares estadounidenses gasta más de $1,000 mensuales en alimentos, una suma casi inimaginable para las familias que traen a casa tan solo $20,000 al año, especialmente cuando los costos de los alimentos han aumentado más del 25 por ciento desde 2019. Tener que lidiar con estos crecientes costos no es un desafío exclusivo de los trabajadores agrícolas, por supuesto —el Departamento de Agricultura señala que conseguir suficiente comida es una lucha financiera para más de 44 millones de personas. Pero los trabajadores agrícolas son particularmente vulnerables porque son, en gran medida, invisibles para el sistema político estadounidense.

“Cuando hablamos de las cadenas de suministro y del aumento de los precios de los alimentos, no estamos pensando en la gente que produce esos alimentos, ni de la que la está sacando de los campos para llevarla a nuestros platos”, dijo Nezahualcoyotl Xiuhtecutli. 

Xiuhtecutli trabaja con la National Sustainable Agriculture Coalition para proteger a los trabajadores agrícolas de los riesgos ocupacionales y explotación que enfrentan. Pocas personas, además de los propios trabajadores, reconocen que el hambre es un problema para la comunidad, aseguró —o que se ve exacerbado por el cambio climático. La disminución del rendimiento del campo que puede presentarse tras periodos de calor extremo y debido a las perturbaciones provocadas por inundaciones, huracanes y similares, conduce inevitablemente a menos trabajo, lo que exacerba aún más la crisis.

Tampoco existe mucha ayuda disponible. Inscribirse en los programas de asistencia federal no es opción para aproximadamente el 40 por ciento de los trabajadores agrícolas que laboran sin autorización de trabajo o para aquellos que temen a las represalias o sanciones. Incluso aquellos que tienen derecho a esa ayuda pueden mostrarse reacios a buscarla. En lugar de estos recursos, un número cada vez mayor de organizaciones defensoras está llenando los vacíos que dejan los programas gubernamentales a través de despensas de alimentos, sistemas colaborativos de alimentos y huertos comunitarios por todo Estados Unidos.

“Aunque [los trabajadores agrícolas] están haciendo este trabajo con alimentos, tienen poco acceso a ellos,” dijo Xiuhtecutli. “Y ahora tienen que elegir entre pagar alquiler, pagar gasolina para ir y volver del trabajo, y los servicios públicos o cualquiera de esas cosas. ¿Y la comida? Esa no está al principio de su lista.”

Históricamente, los índices de hambre entre los trabajadores agrícolas, así como en otras comunidades de bajos ingresos, han sido peores durante el invierno debido a la estacionalidad inherente de un trabajo que gira en torno a las temporadas de cultivo. Pero el cambio climático y la inflación han hecho de la inseguridad alimentaria un problema creciente durante todo el año.

En septiembre, lluvias torrenciales causaron graves inundaciones en el oeste de Massachusetts. La inundación diezmó tierras de cultivo ya devastadas por una serie de tormentas. “Afectó la capacidad de la gente de hacer dinero y luego de brindar sustento a sus familias,” explicó Claudia Rosales. “La gente no tiene acceso a alimentos básicos.”

Como directora ejecutiva del Pioneer Valley Workers Center, Rosales lucha por ampliar la protección para los trabajadores agrícolas, una comunidad que ella conoce íntimamente. Después de emigrar desde El Salvador, pasó seis años trabajando en granjas de hortalizas, viveros de flores y campos de tabaco por todo Connecticut y Massachusetts, y sabe lo que es experimentar inseguridad alimentaria.

También comprende cómo otras condiciones de explotación, como la falta de equipo de protección o baños accesibles, pueden aumentar el estrés de simplemente tratar de alimentar a una familia. Rosales recuerda cómo, cuando sus hijos se enfermaban, ella tenía miedo de que la despidieran si los llevaba al médico en lugar de ir a trabajar. (Los empleadores la acosaron y amenazaron con deportarla si trataba de hacer algo al respecto, según contó). La necesidad de poner alimento en la mesa la dejó sintiendo que no tenía otra alternativa más que tolerar el abuso. 

“Sé lo que es, cuánto sufre mi gente,” afirmó Rosales. “No se nos reconoce como esenciales… pero sin nosotros, no habría comida en las mesas de todo este país.”

Hace tiempo que retrocedieron las inundaciones y las granjas están de nuevo produciendo sus cultivos, pero los defensores de los derechos laborales como Rosales dicen que los trabajadores agrícolas de la región todavía no se han recuperado. La asistencia federal y estatal por desastre ayuda a aquellos con hogares, negocios o propiedades personales dañados, pero normalmente no apoya a los trabajadores. Según la ley federal, si los trabajadores agrícolas con una visa temporal pierden su trabajo cuando una inundación o tormenta acaba con la cosecha, a ellos se les debe hasta el 75 por ciento de los salarios a los que tenían derecho antes del desastre, junto con otros gastos. Sin embargo, no siempre se les paga. “El año pasado, hubo fondos de emergencia debido a las inundaciones aquí en Massachusetts que nunca llegaron a los bolsillos de los trabajadores,” dijo Rosales.

La ola de calor que recientemente arrasó con partes de Massachusetts probablemente redujo la productividad de los trabajadores y está a punto de propiciar más pérdidas de cultivo, limitando aún más la capacidad de los trabajadores de llegar a fin de mes con sus gastos. “Los eventos relacionados con el clima afectan económicamente a la gente, y eso significa acceso limitado a los alimentos y a la posibilidad de cubrir necesidades básicas,” dijo Rosales, lo que obliga a los trabajadores a tomar decisiones difíciles sobre en qué gastar su dinero — y en qué no.

La elección imposible entre comprar alimentos o pagar otras facturas es algo que los científicos sociales han estado estudiando durante años. Las investigaciones han mostrado, por ejemplo, que las familias de bajos ingresos suelen comprar menos alimentos durante la época de frío para conservar la calefacción encendida. Pero el cambio climático ha dado lugar a una nueva área para examinar: cómo el calor extremo puede dar pie a déficits calóricos y nutricionales. Un estudio de 2023 en 150 países reveló que un clima inusualmente caluroso puede, en días, crear riesgos más altos de inseguridad alimentaria al limitar la capacidad de ganar suficiente dinero para pagar los alimentos.

Se trata de una tendencia que Parker Gilkesson Davis, analista senior de políticas que estudia las desigualdades económicas en el Center for Law and Social Policy, una organización sin fines de lucro, ve escalar a nivel nacional, particularmente a medida que aumentan las facturas de los servicios públicos. “Las familias definitivamente están teniendo que lidiar con la pregunta ‘¿Qué es lo que voy a pagar,’” señaló. “La gente, al final del mes, no come tanto, consume comidas improvisadas y no lo que consideramos una comida completa.” Los programas federales como el Supplemental Nutrition Assistance Program, o SNAP, están diseñados para ayudar en momentos como estos. Más de 41 millones de personas a nivel nacional dependen de los estipendios mensuales para comestibles, que se basan en los ingresos, tamaño de la familia y algunos gastos. Pero un estudio nacional de casi 3,700 trabajadores agrícolas halló que solo el 12.2 por ciento de ellos usa el SNAP. Muchos trabajadores agrícolas y trabajadores migrantes no califican por su estatus migratorio, y aquellos que sí, a menudo dudan en utilizar el programa por miedo a que inscribirse pueda poner en peligro su estatus. Incluso, los trabajadores con un estatus legal temporal, como una visa de trabajo, o aquellos considerados “inmigrantes calificados”, generalmente deben esperar cinco años antes de que puedan comenzar a recibir los beneficios del SNAP. Únicamente seis estados proveen asistencia nutricional a sectores de la población como los trabajadores agrícolas indocumentados, que no son elegibles para el programa federal.

La expiración de los programas de beneficios de la era COVID, el aumento de los costos de los alimentos y los conflictos internacionales, forzaron el año pasado a millones más de estadounidenses a entrar en un estado de inseguridad alimentaria, pero nadie puede decir con exactitud cuántos son trabajadores agrícolas. Eso es porque la información es casi inexistente —a pesar de que el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) realiza un seguimiento anual de las estadísticas nacionales sobre ese asunto. Lisa Ramirez, directora de la Office of Partnerships and Public Engagement del USDA, reconoció que la falta de información sobre las tasas de hambre de los trabajadores agrícolas debe atenderse a nivel federal, y dijo que existe un “deseo” de hacer algo al respecto de manera interna. Pero no aclaró qué se está haciendo específicamente.

“Sabemos que la inseguridad alimentaria es un problema,” dijo Ramirez, quien también fue trabajadora agrícola. “No podría señalar directamente estadísticas, porque no tengo [esa] información.”

Sin ese conocimiento, poco progreso puede generarse para abordar la crisis, dejando que la mayor parte del problema sea atendida por las organizaciones laborales y de alivio al hambre a nivel nacional.

“Mi conjetura es que sería la falta de interés o voluntad —algo así como una ignorancia deliberada— de comprender y proteger mejor a estas poblaciones”,” señaló la científica social Miranda Carver Martin, quien estudia la justicia alimentaria y a los trabajadores agrícolas en la University of Florida. “Parte de esto es solo una falta de conciencia por parte del público en general sobre las verdaderas condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores agrícolas. Y eso se correlaciona con una falta de interés o recursos disponibles para construir una base de evidencia que refleje esas preocupaciones.”

La falta de información empírica impidió que Martin y sus colegas Amr Abd-Elrahman y Paul Monaghan crearan una herramienta que identificara las vulnerabilidades que los trabajadores agrícolas locales experimentan antes y después de un desastre. “Lo que hallamos es que, la herramienta que soñamos, que proporcionaría de manera integral toda esta información y mapeo, no es factible ahora mismo, dada la escasez de datos,” señaló.

Sin embargo, Martin y sus colegas descubrieron, en un reporte de próxima publicación que ella compartió con Grist, que las barreras del idioma suelen impedir que los trabajadores agrícolas obtengan apoyo luego de un evento climático extremo. Al examinar las secuelas del huracán Idalia, encontraron casos de trabajadores agrícolas en Florida que intentaron, sin éxito, conseguir alimentos en las estaciones de emergencia porque muchos de los trabajadores hablaban español y las instrucciones estaban escritas en inglés. Ella sospecha que los mismos impedimentos pueden obstaculizar los esfuerzos de aliviar el hambre después de un desastre en todo el país.

Martin también cree que se presta muy poca atención al asunto, en parte porque algunos políticos demonizan a los inmigrantes y porque la industria agrícola depende de la mano de obra barata. Es más fácil “pretender que esas poblaciones no existen,” indicó. “Estas desigualdades necesitan atenderse a nivel federal. Los trabajadores agrícolas son seres humanos, y nuestra sociedad los está tratando como si no lo fueran.”

Abordar el hambre se ha convertido en una de las más grandes prioridades del Pioneer Valley Workers Center, liderado por Claudia Rosales. Su equipo alimenta a familias de trabajadores agrícolas en Massachusetts a través de La Despensa del Pueblo, un almacén de alimentos que distribuye comida a unas 780 personas cada mes.

La organización sin fines de lucro lanzó la despensa en el invierno de 2017. Cuando azotó la pandemia, rápidamente evolucionó de un banco de alimentos improvisado a una operación más grande. Pero el programa se quedó sin dinero el mes pasado cuando una subvención estatal clave expiró, lo que redujo drásticamente la cantidad de alimentos que puede distribuir. La creciente necesidad de alimentar a la gente también ha limitado la capacidad de la entidad de enfocarse en su objetivo principal de organización comunitaria. Rosales quiere que el banco de alimentos dé un paso hacia un modelo más empresarial que ofrezca a los trabajadores agrícolas una mayor autonomía.

“A largo plazo, me gustaría crear nuestra propia red de cooperativas propiedad de los inmigrantes, en donde las personas puedan cultivar y cosechar sus propios alimentos y productos, y realmente tengan acceso a producirlos y luego venderlos a la gente dentro de la red”, mencionó.

Mónica Ramírez, fundadora de la organización nacional de defensa Justice for Migrant Women, está desarrollando algo muy parecido a eso en Ohio. La propia Ramírez proviene de una familia de trabajadores agrícolas. “Mis padres comenzaron a trabajar en los campos cuando eran niños”, comentó. “Mi papá tenía ocho años, mi mamá tenía cinco.” Al haber crecido en la parte rural de Ohio, Ramírez recuerda haber visitado la choza de una sola habitación en la que vivió su padre cuando recolectaba algodón en Mississippi, así como haber pasado tiempo con sus abuelos, quienes cada año se “amontonaban en un camión” y conducían de Texas a Ohio para cosechar tomates y pepinos durante todo el verano.

Los desafíos que en aquel entonces enfrentó la familia Ramírez persisten hoy día para otros. La seguridad alimentaria se ha vuelto tan frágil para los trabajadores agrícolas en Fremont, Ohio, donde tiene su sede Justice for Migrant Women, que la organización ha ido más allá de colaborar con otras organizaciones como Feeding America, a diseñar su propio sistema alimentario hiperlocal. Estos esfuerzos para aliviar el hambre están enfocados en las mujeres de la comunidad, quienes, según Ramírez, suelen enfrentar las cargas más grandes cuando un hogar no tiene suficiente dinero para los alimentos. 

Las mujeres inmigrantes, indicó, “soportan el estrés de la inseguridad económica y alimentaria, porque ellas son quienes organizan a sus familias y se aseguran de que tengan comida en la casa.”

Más adelante, este mismo mes, Ramírez y su equipo lanzarán desde su oficina un programa piloto que imita un mercado de agricultores —uno en el que a los trabajadores agrícolas y a los trabajadores inmigrantes se les alentará a recoger alimentos provistos por un agricultor local, sin cargo alguno. Eso permite a quienes visitan el banco de alimentos sentirse empoderados por poder elegir, en lugar de recibir una caja con productos preseleccionados, y esperan que ello mitigue el hambre de un modo que preserve un sentido de mediación para las familias necesitadas. Aunque los legisladores federales han comenzado al menos a considerar proteger a los trabajadores de la exposición al calor y los reguladores están consiguiendo un progreso en un estándar nacional de calor, hasta ahora no ha habido ningún esfuerzo legislativo o regulatorio para atender la inseguridad alimentaria entre los trabajadores agrícolas.

De hecho, los legisladores podrían estar a punto de empeorar las cosas.

En mayo, el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlado por los republicanos, aprobó un proyecto de ley agrícola que eliminaría al SNAP y haría poco para promover la seguridad alimentaria. También prohibiría a los gobiernos estatales y locales adoptar estándares de protección para los trabajadores agrícolas que regulen la producción agrícola y el uso de pesticidas, haciendo eco de la legislación que recientemente aprobó Florida. La inclusión de tal disposición es “decepcionante”, afirmó DeShawn Blanding, un alto representante de Washington en la Union of Concerned Scientists, una organización de defensa sin fines de lucro. Él espera que la versión que eventualmente surja del Senado controlado por los demócratas, en donde sigue estancada, incorpore otros varios proyectos de ley destinados a proteger a los trabajadores agrícolas y a brindar una medida de seguridad alimentaria.

Entre ellos se incluye la Voice for Farm Workers Act, que reforzará los fondos para varias iniciativas establecidas que apoyan a los trabajadores agrícolas y ampliarían los recursos para el coordinador de trabajadores agrícolas del Departamento de Agricultura. Este puesto se creó para identificar los desafíos que enfrentan los trabajadores agrícolas y conectarlos con los recursos federales, pero no ha sido “financiado y sostenido adecuadamente”, según un informe de 2023 de la Comisión de Equidad del USDA. Otro proyecto de ley crearía una oficina dentro del Departamento de Agricultura para actuar como enlace con los trabajadores agrícolas y alimentarios. 

Estos proyectos de ley, presentados por el senador demócrata de California, Alex Padilla, les darían a los legisladores y formuladores de políticas una mayor visibilidad de las necesidades y experiencias de los trabajadores agrícolas. Pero el mayor beneficio podría provenir de una tercera propuesta que Padilla reintrodujo, la Ley de Equidad para los Trabajadores Agrícolas. Esta reformaría la ley de 1938 que rige las políticas de salario mínimo y tiempo extra para los trabajadores agrícolas, al tiempo que los exime de protecciones laborales.

“A medida que los precios se incrementan, los trabajadores de bajos ingresos enfrentan mayores índices de inseguridad alimentaria,” le dijo Padilla a Grist. “Pero aproximadamente la mitad de los trabajadores agrícolas de nuestra nación son indocumentados y no pueden acceder a estos beneficios”. Le gustaría ver un camino acelerado hacia la ciudadanía de más de 5 millones de trabajadores esenciales, incluyendo a los trabajadores agrícolas, que carecen de acceso a un estatus legal permanente y beneficios de seguridad social. “Puede hacerse más para atender los crecientes índices de inseguridad alimentaria de los trabajadores agrícolas.”

Aún así, ninguno de estos proyectos de ley aborda directamente el hambre de los trabajadores agrícolas. Sin un enfoque concertado, estos esfuerzos, sin duda importantes, pierden en cierto modo el sentido, indicó Mónica Ramírez.

“Simplemente no creo que haya habido algún detalle sobre este tema con los alimentos y los trabajadores agrícolas,” afirmó. “Para mí es algo irónico. Pensarías que ese habría sido el punto de partida. ¿Qué se necesita para garantizar que las personas que nos están alimentado, que literalmente nos brindan sustento, no estén muriendo de hambre?”

Para Jesús Morales, de 68 años, el Campesinos’ Garden en Apopka es un segundo hogar. 

Con base en su experiencia estudiando medicina alternativa en Jalisco, México, ha estado ayudando a cuidar la tierra durante los últimos tres años. Particularmente le gusta cultivar y cosechar moringa, que se emplea en México para tratar una variedad de dolencias. Los visitantes regulares del lugar lo conocen como el “doctor de las plantas.”

“Mira alrededor. Este es el regalo de Dios”, expresó Morales. “Esta es una pradera de hospitales, una pradera de medicinas. Todo lo que Dios nos ha dado para nuestra salud y bienestar y para nuestra felicidad está aquí, y eso es lo más importante que tenemos aquí.”

Él se encontró con la sede de la organización estatal de trabajadores agrícolas cuando ofrecía clases gratuitas de inglés y luego conoció su huerto. Aunque el lugar comenzó hace una década, su propósito se ha ampliado a lo largo de los años para convertirse en una fuente de seguridad y soberanía alimentaria para los trabajadores agrícolas locales. 

El huerto de medio acre está repleto de una asombrosa variedad de productos. Tomates, limones, jalapeños. Los árboles cercanos ofrecen pitaya y limas, e incluso hay algunas plantas de papaya. El aire está cargado del aroma de tierra recién excavada y toques de hierbas como menta y romero. Dos pilas de composta yacen lado a lado, y un invernadero reboza todavía de más productos. A cualquiera que visite el lugar durante los días bimensuales de jardinería pública se le alienta a plantar sus propias semillas y a llevarse cualquier cosa que quiera cosechar. 

“Las personas que vienen a nuestro huerto comunitario, se llevan baldes cuando pueden”, compartió Ernesto Ruiz, coordinador de investigación de la Farmworker Association de Florida y quien supervisa el jardín. “Son familias con seis hijos, y trabajan con salarios de miseria… Les encanta trabajar la tierra y aman estar allá afuera, pero la comida también es un gran incentivo para ellos.”

A lo largo de la semana, la organización sin fines de lucro distribuye lo que cosecha Ruiz. Los productos que tan fácilmente comparten se complementan con donaciones periódicas de supermercados locales y que, a menudo, Ruiz distribuye personalmente.

Pero algunos  de los mismos factores que propician el hambre de los trabajadores agrícolas ha comenzado a invadir el huerto. El calor abrasador del verano, así como las primaveras más cálidas, han acabado con los cultivos, incluidas varias parcelas de tomates, pimientos y melones. “Muchas plantas están muriendo porque hace mucho calor, y no estamos teniendo lluvias,” dijo Ruiz. Al huerto también le vendrían bien equipo nuevo —el sistema de irrigación es manual, mientras que el desmalezador es de tercer grado y a menudo es reemplazado por un machete — y fondos para contratar a otra persona que ayude a Ruiz a aumentar la cantidad de alimentos cultivados y a expandirse cuando el huerto está abierto al público.

La demanda va en aumento, y con ella, la presión de cumplir. La legislación federal que aborda los bajos salarios que causan hambre a tantos trabajadores agrícolas a lo largo del país es una gran parte de la solución, pero también lo son iniciativas comunitarias como el Campesinos’ Garden, según Ruiz. “Haces lo correcto porque es lo correcto,” afirmó. “Siempre es lo correcto alimentar a alguien. Siempre.”